Los contratos de obras públicas, encuentran regulación expresa en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas contenidos en el Decreto Supremo MOP N°75 del año 2004, el cual los define conforme a lo dispuesto en el artículo 4 numeral 15), de la siguiente forma: “Es un acto por el cual el Ministerio encarga a un tercero la ejecución, reparación o conservación de una obra pública, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinan los antecedentes de la adjudicación, incluyendo la restauración de edificios patrimoniales”.
El máximo tribunal ratificó que la expiración de su designación en febrero de 2025 y su destinación a otra escuela se ajustaron a las facultades de la Municipalidad, sin configurar arbitrariedad ni ilegalidad.
El máximo tribunal revocó la sentencia de alzada y rechazó el recurso de protección, precisando que la salud “recuperable” permite declarar la vacancia por incompatibilidad cuando se superan seis meses de licencias en dos años.
No cualquier dilación en la dictación del acto administrativo implica pérdida de eficacia del procedimiento, sino únicamente aquella que resulte excesiva e injustificada.
Se declaró ilegal y arbitrario el término anticipado de contratas de dos académicos de la Universidad de La Serena por cierre del IMIP y ordenó su reintegro con pago íntegro de remuneraciones.
En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, Flavio Quezada, abogado y coordinador de las XXI Jornadas de Derecho Administrativo, que se realizarán el 27 y 28 de noviembre de 2025 en la Universidad de Tarapacá, profundiza en los fundamentos dogmáticos del encuentro, la relevancia del servicio público en el derecho administrativo chileno y los desafíos que plantea reflexionar desde la macrozona norte.
Recurso de protección destitución licencia médica 2025: la Corte de Apelaciones de Valdivia deja sin efecto la destitución de una funcionaria de salud municipal por viajar al extranjero durante reposo psiquiátrico y fija límites a la aplicación del principio de probidad en sumarios administrativos.
Se confirmó que la invalidación administrativa fue ajustada a derecho y sostuvo que las gestiones invocadas por la titular no eran aptas para acreditar el inicio del proyecto.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
