El debido proceso comprende no solo el derecho de las partes a ser oídas, sino que también la realización de una investigación previa exhaustiva y completa.
Si en el proceso administrativo transcurren dos calificaciones funcionarias sin que el investigado haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese “interrumpido”.
Municipalidad de Valparaíso no puede dejar sin efecto un decreto alcaldicio sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente, que en este caso era el de invalidación.
La Contraloría había tomado razón de las resoluciones que autorizaron el traslado de los fondos previsionales por lo que no cabía desconocer sus efectos.
La dilación en el pronunciamiento era ilegal y arbitraria, pues vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley al generar una discriminación en perjuicio de la recurrente.
Una resolución absolutoria no anula ni limita la potestad administrativa de sancionar, cuando se ajuste a los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad.
Las decisiones y dictámenes del órgano Contralor son obligatorios y vinculantes, por lo que existe mala fe por parte del recurrido al desconocer los efectos.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
