El máximo tribunal mantuvo la decisión de la Corte de Santiago, que estimó que la controversia por el cierre unilateral de una cuenta corriente debía discutirse en una sede declarativa y no por vía de protección.
La presidenta del regulador, Catherine Tornel, anunció que este año se formará un equipo especializado para validar metodologías propias de riesgo crediticio bajo Basilea III.
La Tercera Sala revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y ordenó a BancoEstado dar curso a una reclamación presentada al amparo de la Ley 20.009. El fallo concluyó que la usuaria sí había acompañado los antecedentes mínimos exigidos por la ley y que el rechazo del banco carecía de fundamento.
La Tercera Sala estableció que la Ley N° 20.009 se aplica incluso cuando el usuario es engañado para entregar sus claves, y calificó de ilegal la negativa del banco a restituir.
El fallo confirmó que la entidad no probó haber actuado con la diligencia debida frente a transferencias electrónicas realizadas sin consentimiento, descartando exposición imprudente de la víctima.
En fallo Rol N° 40.118-2025, la Tercera Sala aplica la Ley N° 20.009 y exige a banco restituir el umbral legal tras 21 transferencias electrónicas desconocidas.
La Corte Suprema precisó que las entidades financieras no pueden excluir unilateralmente la Ley N° 20.009 cuando el fraude se produce por engaño al cliente.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
