La controversia sobre la base de cálculo de una pensión y la legalidad de un dictamen de Contraloría debe resolverse en sede de lato conocimiento y no por vía cautelar.
El máximo tribunal ratificó que la acción fue presentada fuera de plazo, validando el criterio de la Corte de Apelaciones de Concepción respecto del cómputo del término en sede cautelar.
Máximo tribunal concluyó que no existe un derecho indubitado que pueda ser amparado por esta vía, al tratarse de solicitudes de permisos de escasa importancia sujetas a evaluación administrativa y aún en tramitación.
El máximo tribunal valida que el desalojo ordenado en etapa de ejecución no constituye ilegalidad ni arbitrariedad, incluso frente a alegaciones de vulneración de derechos fundamentales.
El Ejecutivo ingresó el Boletín N° 18.116-07 que busca consagrar a la Defensoría Penal Pública como órgano autónomo constitucional, reforzando la igualdad de armas en el proceso penal.
El máximo tribunal concluyó que el recurso fue presentado fuera del plazo de 30 días desde que el jugador tuvo conocimiento de las sanciones disciplinarias impuestas por la organización deportiva.
A partir de su investigación sobre la protección de la privacidad y los datos personales como banco de prueba de la teoría de los derechos fundamentales, el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Aldunate Lizana, analiza las dificultades en la construcción dogmática de este derecho y su desarrollo en el derecho comparado.
La iniciativa busca modificar el artículo 19 N° 4 de la Constitución para incorporar expresamente la “autenticidad del ser humano” como dimensión vinculada a la vida privada, la honra y la protección de datos personales.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
