Las consideraciones administrativas y económicas pueden ser relevantes para la autoridad pública, pero no deben invocarse cuando están en juego el derecho a la vida y la integridad física o psíquica de una persona.
Se faculta al Delegado Presidencial Regional para solicitar el auxilio de la fuerza pública para el resguardo del Perímetro de Seguridad y la ejecución de las órdenes de evacuación.
Existió un incumplimiento reiterado de la recurrente respecto del pago del arancel escolar, comunicado en varias oportunidades por el establecimiento que incluso dio la posibilidad de regularizar la deuda.
La decisión de Gendarmería aparece como un acto inmotivado, que altera la situación jurídica preexistente y afecta la dignidad de las personas recluidas.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
