La Corte estimó que, aunque existió infracción al deber funcionario, la destitución aplicada por la Municipalidad de San Pedro de la Paz resultó desproporcionada frente a las circunstancias del caso.
El fallo confirmó que la cancelación de matrícula exige notificación formal, instancia de descargos y reconsideración, validando la multa del 3% de subvención impuesta por la Superintendencia.
El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán y declaró que la controversia sobre el descuento de $141.510.260 por atraso contractual debe resolverse en la vía ordinaria y no mediante acción cautelar.
Instruyó a Gendarmería trasladar en 24 horas a persona privada de libertad para su resolución quirúrgica definitiva y autorizó salidas médicas bajo supervisión familiar.
El máximo tribunal rechazó la acción interpuesta por funcionaria a contrata, estimando que la decisión institucional se fundó en una anotación de demérito y en el procedimiento calificatorio legalmente previsto.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
