Uno de los principales desafíos que tiene la regulación legal del contrato de arrendamiento radica en la pluralidad de fines para los cuales se emplea la misma figura. Para advertir lo anterior basta considerar que, en nuestra legislación, el contrato al cual recurre una persona natural cuando necesita un lugar donde vivir —pero no quiere […]

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC”) para que una obra pueda ser habitada o destinada a algún uso es necesario que ésta cuente con su recepción definitiva, sea total o parcial. La existencia de esta exigencia se encuentra plenamente justificada, pues la recepción definitiva, en cuanto acto administrativo reglado emanado de la Dirección de Obras Municipales (“DOM”), tiene por finalidad verificar la congruencia material entre lo construido y el permiso de edificación (Gómez y Pedreros, p. 376). Todo lo anterior resulta concordante con la sanción administrativa a que se expone el propietario de la obra que es habitada o usada sin contar con dicha recepción, pues conforme a lo dispuesto en el inciso final del mismo artículo 145 de la LGUC, el alcalde puede disponer, a petición de la DOM, la inhabitabilidad de la obra y el desalojo de sus ocupantes, además de las multas a beneficio fiscal que puede imponer el respectivo Juzgado de Policía Local cuya cuantía puede situarse entre un 0,5% y un 20% del presupuesto de la obra.

La Excma. Corte Suprema dictó el pasado 4 de marzo una sentencia en una causa de responsabilidad extracontractual (Rol N°41.363-2024), que permite fijar ciertos estándares aplicables a los procesos de restructuración societaria a fin de que puedan considerarse lícitos. Esta sentencia es importante al menos por dos razones. La primera razón es porque valida la decisión tomada por los tribunales de instancia acerca de la ilicitud de una serie de maniobras realizadas por los demandados para proteger su patrimonio a propósito de una causa anterior cuando, en realidad, tales maniobras fueron hechas con el objeto de evadir una sentencia dictada anteriormente en su contra. La segunda razón, es porque avanza hacia una comprensión amplia del daño moral que, aun cuando todavía razone a partir de las categorías propias del principio de reparación integral del daño, de cierta forma se aproxima a aquellas nociones que permiten sustentar la existencia de los daños punitivos.