El máximo tribunal sostuvo que el exceso de los plazos del artículo 135 del Estatuto Administrativo no configura por sí solo ilegalidad o arbitrariedad, especialmente tratándose de un denunciante.

La sanción de destitución por uso indebido de licencia médica constituye una respuesta legítima frente a una infracción grave al principio de probidad administrativa.

El máximo tribunal sostuvo que la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución no constituye una instancia para revisar el mérito de investigaciones administrativas ni para declarar prestaciones de salud derivadas de ellas.

El máximo tribunal acogió un recurso de protección y dejó sin efecto un oficio de la Contraloría General de la República que se había negado a emitir pronunciamiento sobre la renovación de una contrata municipal, afirmando que el órgano contralor no puede abstenerse de ejercer las competencias que la Constitución y la ley le confieren.

El máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó el recurso interpuesto por un ex funcionario del SERVIU Biobío, destituido tras un sumario administrativo por inasistencias injustificadas y atrasos reiterados.

El máximo tribunal confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de protección presentado por un exfuncionario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El máximo tribunal ratificó que el órgano contralor actuó dentro de sus atribuciones al desestimar el reclamo de ilegalidad contra el decreto alcaldicio que dispuso la destitución del funcionario, recordando que el recurso de protección no es la vía para revisar el mérito de un sumario administrativo ni la ponderación de las sanciones disciplinarias.

El máximo tribunal sostuvo que el uso de una licencia médica para realizar un viaje fuera del país constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa y precisó que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el mérito o proporcionalidad de las sanciones aplicadas en un sumario administrativo.

El máximo tribunal concluyó que la sanción disciplinaria aplicada por el Gobierno Regional del Biobío se ajustó a derecho, al tratarse de una infracción grave al principio de probidad prevista expresamente en la ley.

La Tercera Sala rechazó el recurso de protección deducido contra la Municipalidad de Mejillones, validando que la salida del país mientras se encontraba con reposo médico configuró falta grave a la probidad administrativa conforme a la Ley N° 18.883.