La autoridad no solo debe cumplir con los requisitos legales que habilitan la imposición de una sanción, sino, además, justificar expresa y fundadamente la aplicación del principio de proporcionalidad.
Genera un efecto claro de afectación a su salud física y psíquica e inclusive una severa amenaza a su derecho a la vida, incurre en desproporción y vulnera la dignidad de la afectada.
La recurrente se encontraba en una situación abiertamente arbitraria pues contaba con antecedentes oficiales que permiten acreditar que ha residido en el país en las últimas décadas.
Al impedirle el pago del crédito hipotecario en razón de la morosidad de otras obligaciones para con el banco, se expone a la eventual pérdida del inmueble que lo garantiza, en circunstancias que la deuda efectivamente morosa dice relación con otras operaciones diferentes.
Materias como la aplicación de medidas cautelares conforme al artículo 9° de la Ley N° 20.066, o la eventual salida del recurrido del inmueble, son cuestiones que deben ventilarse en un juicio de lato conocimiento.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.