Los tribunales concluyeron que una consulta formulada por una empresa al Ministerio de Obras Públicas, respondida mediante un ordinario interpretativo, no constituye un acto administrativo que afecte la libertad económica.
Un proyecto de reforma constitucional ingresado al Senado busca incorporar expresamente la identidad digital y la autodeterminación informativa entre las garantías del artículo 19 de la Constitución.
El máximo tribunal ratificó que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver controversias contractuales complejas ni para declarar derechos discutidos entre promitentes compradores e inmobiliarias.
La Tercera Sala descartó ilegalidad o arbitrariedad y reforzó que la acción constitucional exige acreditar el acto lesivo, incluso en conflictos contractuales judicializados.
La Tercera Sala confirmó el rechazo del recurso de protección interpuesto por un sindicato de trabajadores del establecimiento, al estimar que no existió actuación arbitraria ni ilegal del Ministerio de Educación frente al cierre y reubicación de la comunidad escolar.
El acto terminal del procedimiento fue la Resolución Exenta N° 1.833/2025 de SUBPESCA, notificada el 28 de julio de 2025, y no comunicaciones posteriores del Gobierno Regional.
La Tercera Sala reafirmó que el recurso de protección no procede cuando existe un reclamo de ilegalidad municipal pendiente, descartando su uso como vía cautelar paralela.
El máximo tribunal respaldó la decisión de la Corte de Valdivia y afirmó que la remoción de la secretaria general respondió a la autonomía estatutaria de la asociación, sin configurarse vulneración de derechos fundamentales.
La iniciativa ingresada el 26 de noviembre a la Cámara de Diputados propone impedir que quienes ya perciben pensiones de retiro de Fuerzas Armadas, de Orden o Seguridad acumulen este beneficio junto con la dieta parlamentaria.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
