La Tercera Sala ratificó la sentencia del Rol 1631-2025, desestimando las pretensiones contra el Serviu y la constructora, al estimar falta de legitimación activa y ausencia de un derecho indubitado protegible.
La Tercera Sala acogió un recurso de protección por dilación administrativa y aplicó los principios de celeridad, conclusividad, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley 19.880.
El máximo tribunal, en el Rol 35.669-2025, resolvió que el retiro sin posesión efectiva solo procede para cuentas de ahorro y no para cuentas vista como la Cuenta RUT.
La moción del Boletín N° 17.980-06 incorpora un nuevo artículo 11 bis a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, exigiendo exámenes obligatorios y reservados para diputados y senadores.
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que desestimó la acción constitucional del recurrente, quien alegaba que su traslado vulneraba su integridad psíquica y su vida familiar.
El máximo tribunal anuló dos órdenes de apremio dictadas por el Juzgado de Cobranza de San Miguel, interpretando el artículo 12 de la Ley 17.322 y precisando cuándo cesan las medidas de arresto una vez pagado el capital previsional.
El máximo tribunal revocó la sentencia de alzada y acogió el recurso de protección Rol Nº 34.814-2025, ordenando a los ocupantes abandonar el Fundo Miramar en un plazo de seis meses y estableciendo criterios operativos y humanitarios para la ejecución del desalojo.
El Boletín N° 17.964-07, ingresado el 18 de noviembre al Senado, propone restituir la exigencia de residencia regional por dos años para quienes aspiren a un escaño en la Cámara Alta.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección Rol 16946-2025 y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación recalificar una solicitud de posesión efectiva, por haber aplicado criterios de filiación ya derogados y discriminatorios al negar derechos hereditarios colaterales.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
Máximo tribunal estableció que la figura del agente público configura un régimen jurídico especial, distinto del contrato laboral y del honorario común.
La Ley N° 21.813 crea un marco especial para proyectos de desalinización, con reglas sobre estrategia nacional, concesiones, servidumbres, fiscalización, sanciones y vigencia.
